no será hasta una década después cuando se haga pública la primera "Ley de agricultura de montaña" española (Ley 25/1982, de 30 de junio). En este caso también podemos considerar a esta Ley como el primer hito en la recomposición económica, ecológica y social de los territorios montañosos.

Como se sabe, esta Ley no es más que un primer paso en el proceso de adaptación del ordenamiento español a las disposiciones vigentes en la Comunidad Económica Europea, donde el ingreso de España, en un plazo más o menos corto de tiempo, empieza a considerarse como una posibilidad real. En ese ámbito político-administrativo se había puesto en marcha en 1975 una directiva (75/268) que reconocía por primera vez en la historia comunitaria la situación de marginalidad en que se encontraban la gran mayoría de las zonas de montaña europeas y establecía mecanismos específicos para la corrección de los desequilibrios más alarmantes que persentaba el sector agrario. Lo que trata la "Ley de agricultura de montaña" española es de recoger esos principios y adaptarlos a nuestra particular situación.

De cualquier modo, la eficacia de un cambio más profundo en la montaña española al que parecía aspirar esta nueva normativa reguladora fué más bien débil. Únicamente las "indemnizaciones compensatorias" parecieron funcionar regularmente, aunque no es menos cierto que por intereses muy contrastados. Y ni este instrumento financiero, ni el planificador de los Programas de Ordenación y Promoción de las Zonas de Montaña (los PROPROM), impulsaron un cambio sustancial de imagen de las montañas españolas.

Simultáneamente a la promulgación de esta Ley, el Ministerio de Agricultura encarga distintos trabajos técnicos con la finalidad primordial de conocer la situación real de nuestra agricultura, de manera que el calendario de adaptación comunitario resulte menos traumático que el que podía derivarse de una aproximación apresurada. Los resultados de esos trabajos científicos -elaborados sobre la base de la "comarcalización agraria española"- vienen a demostrar fehacientemente que el conjunto de comarcas montañosas españolas presentan unos niveles de depresión socioeconómica muy superiores a las del resto del país, y que en ello, además de los condicionantes físicos, influyen otro tipo de factores estructurales que hay que corregir con la máxima celeridad antes de que las montañas acaben desertizándose del todo. En este sentido los instrumentos que contempla la Ley pueden convertirse en un poderoso auxiliar para terminar con esa situación depresiva y situar a muchas comarcas de montaña en escalones superiores de desarrollo.

Pocos años después de aparecer la Ley, en 1986, se produce el ingreso efectivo de España en la C.E.E., donde acaba de aprobarse un nuevo Reglamento sobre ayudas estructurales, que refunde los anteriores e introduce mejoras sustanciales en el tratamiento de los agricultores y ganaderos situados en zonas montañosas. Las ayudas directas que perciben los titulares de explotaciones (indemnización compensatoria antes aludida), junto a otro tipo de primas y a una mejora sustancial de los precios de múltiples productos agrarios, se convierten así en el más eficaz de los revulsivos para frenar el abandono de la montaña y recuperar, e incluso superar en algunos casos, los habituales niveles productivos.

En suma, el contexto eurocomunitario ha sido uno de los factores más destacados que ha impulsado los cambios de imagen y dinámica de las montañas. Y lo ha hecho bien a través de ayudas directas proporcionadas por los distintos fondos estructurales y sus programas de aplicación (FEDER y FEOGA sobre todo), bien por las nuevas directrices y orientaciones que para el mundo rural han ido emanando desde Bruselas (cambios en la PAC e introducción de nuevas medidas, promoción de la diversificación económica, impulso a nuevos programas de desarrollo rural y local, etc.).

Además de ello, la normativa comunitaria sobre zonas de montaña -adaptada por los Estados miembros y, en el caso español, por las distintas Comunidades Autónomas-, también atiende a otro tipo de mejoras estructurales, a veces poco conocidas pero que, igualmente, resultan decisivas en la mejora sustancial de las rentas agrarias. Nos referimos al apoyo prestado a la construcción de nueva infraestructura rural así como a todas aquellas acciones tendentes a mejorar los procesos de transformación y comercialización de la producción agraria.

Los efectos sinérgicos de todas estas medidas asistenciales -comunitaria, nacional y, en ocasiones, también autonómica-, es verdad, como antes decíamos, que han conseguido frenar el alarmante éxodo montañés. Ése es el más loable de sus aciertos. Pero no es menos cierto, como cada vez se esgrime con más frecuencia, que han introducido en la montaña (y en otras áreas desfavorecidas) una perversa "cultura del subsidio" que amenaza con erradicar para siempre los escasos síntomas de vitalidad social que habían permanecido en pie hasta ahora. Cada vez se ponen en marcha menos actividades que no estén subvencionadas de uno u otro modo -poco importa la procedencia-, y apenas existe capacidad de riesgo personal entre muchos habitantes de la montaña, apoltronados en el cómodo sillón de la pensión, el subsidio o el salario social.

Quizás por ello las propuestas más recientes de apoyo al conjunto de ámbitos desfavorecidos, que se han hecho patentes a través de diversas iniciativas comunitarias y programas nacionales/regionales, ya no se esfuercen tanto en apoyar la recuperación de las rentas personales sino en tratar de crear un nuevo tejido productivo a partir del esfuerzo inversor conjunto de la iniciativa pública y la privada. Con ello se busca establecer un mayor nivel de compromiso de la población local en la apuesta decidida por el desarrollo de los ámbitos más desfavorecidos.

Por lo demás, este tipo de programas innovadores de desarrollo rural, que en nuestro país han tenido una magnífica repercusión en las zonas de montaña -la Iniciativa Leader puede ser un buen ejemplo de ello-, tratan de aprovechar de una forma más eficaz las potencialidades territoriales y las singularidades productivas que hasta ahora habían permanecido ocultas debido a la vigencia de un particular modelo de crecimiento económico en el quedaban relegados los ámbitos menos productivos.

El redescubrimiento de la montaña como espacio turístico -desde finales del siglo XIX ya existen intentos muy serios de introducir la actividad turística en algunas montañas españolas- forma parte de la nueva estrategia de relanzamiento socioeconómico que se apoya desde los poderes públicos. El aislamiento y la inhospitalidad del medio dejan de verse en esta nueva perspectiva como handicaps territoriales intrínsecos y se convierten en un atractivo cada vez más valorado socialmente, sobre todo por lo que representan de alternativa a los ámbitos turísticos del litoral, profundamente congestionados y extremadamente degradados desde el punto de vista ambiental. Hemos asistido, de este modo, a una progresiva evolución del perfil económico-productivo de los espacios de montaña cada vez hacia una creciente y acusada terciarización.

La abundancia de agua, vegetación y variadas formas de vida animal son el referente más preciado por la "ideología clorófila", ya plenamente instalada en la sociedad española y a la que corresponde cada día un mayor peso social. Desde esa particular visión, los territorios montañosos se manifiestan como ámbitos privilegiados para el asueto y esparcimiento al aire libre.

La incapacidad de la infraestructura de acogida turística que se observa en la montaña española -con la pérdida de oportunidades que se deriva de ello-, se va a ir solventando poco a poco merced a la puesta en marcha de diversos programas -entre ellos la Iniciativa comunitaria ya aludida-, cuya eficacia podemos comprobar a través del extraordinario interés que ha suscitado entre la población montañesa. Si se recurre a la estadística, podrá observarse cómo la creación de nueva infraestructura turística en la montaña española ha sido mucho más intensa que en el resto del espacio rural -sin tener en cuenta, obviamente, fenómenos puntuales como el que representan las estaciones de esquí-, e incluso ha superado ampliamente, en no pocos casos, al de sus ámbitos provinciales de influencia.

Aunque cada zona de montaña ha optado por una vía distinta de relanzamiento de la infraestructura turística -en razón de múltiples condicionantes externos e internos-, nos interesa llamar la atención sobre el relevante papel que ha ejercido el turismo en la recuperación del viejo hábitat rural montañés, condenado a su completa desaparición de no haber sido por esta nueva función que hoy se le asigna como alojamiento colectivo. No cabe duda que con ello se ha puesto coto al lamentable despilfarro de patrimonio rural que sucede al abandono generalizado de la montaña española, muchas de cuyas piezas son irrepetibles. Pero es que al mismo tiempo algunas de las rehabilitaciones modélicas ejercen un atractivo por sí mismas que las hace extraordinariamente apetecibles como destino turístico, independientemente de la mayor o menor presencia de otros elementos naturales o culturales. Desde ese punto de vista, por tanto, muy poco hay que objetar a esta nueva forma de creación de empleo y generación de rentas que ha traído aparejado el desarrollo turístico, porque es que, además, ha contribuido a revalorizar la imagen de la montaña.

Mucho más distorsionante es esa otra imagen turística de la montaña a la que han conducido algunas actuaciones basadas en una burda imitación de los modelos turísticos litorales. Todas ellas se han gestionado desde el más absoluto desprecio a la tradición -el escaso apego a los materiales, formas y volúmenes constructivos tradicionales es buena prueba de ello-, y sin el más mínimo reparo paisajistico. Así se ha descuartizado la imagen de múltiples enclaves montañosos en los que hoy se apiñan centenares de edificios de alturas considerables -no nos estamos refiriendo sólo a las estaciones de esquí-, que dan origen a densidades estacionales de población elevadísimas y en los que florecen por doquier el mismo tipo de problemas ambientales que se repudia en otros destinos turísticos.

Convencidos de que así podía cortarse la hemorragia demográfica, las distintas autoridades competentes en disciplina urbanística -no ya sólo durante la dictadura sino también en el nuevo régimen democrático-, han permitido actuaciones ante las que hoy sólo cabe el lamento, pues lejos de reforzarla, han deteriorado la imagen de la montaña hasta tal extremo que han hecho perder a estos ámbitos toda su capacidad de atracción.

La otra gran estrategia de relanzamiento socioeconómico de las zonas montañosas se sustenta sobre sus cualidades productivas, esencialmente agrarias pero también de otro tipo. En este caso es la favorable imagen que ofrecen las producciones agrarias tradicionales -los ya mencionados "productos de la tierra"- la que contribuye a realzar la visión del territorio que las acoge (la búsqueda de la calidad será el referente central de las diversas producciones agroalimentarias que promueven los recursos locales de la montaña, incluyendo también la mejora de los canales de transformación y comercialización de los productos, pues su finalidad no es otra que aprovechar en beneficio de los agricultores y ganaderos el valor añadido bruto que generan tales productos y que hasta ahora venía escapándose a su control).

Como en el caso del turismo, la causa última de estos cambios perceptivos hay que buscarla en el agotamiento del modelo productivista imperante en el conjunto de la agricultura europea. Amén de conducir a la actual Unión Europea a una crisis presupuestaria a la que no logra encontrarse salida, la búsqueda de nuevos techos productivos ha artificializado hasta tal extremo los procesos de producción agricola y ganadero que forzosamente se ha resentido la calidad de los alimentos ofertados, cuyo sabor, color y olor nada tienen que ver con los de hace sólo medio siglo. Además, ha introducido enormes dosis de inseguridad entre los consumidores, que cada vez con más frecuencia asistimos impasibles a la aparición de fenómenos del tipo de las "vacas locas" -sólo la punta de un iceberg colosal dentro del cual no sabemos lo que se esconde-, y empezamos a mostrarnos extremadamente desconfiados ante los productos que ofrece el mercado alimentario.

El escenario agrario antagónico a éste lo encontramos en algunas zonas de montaña, cuya agricultura ha permanecido anclada en el tiempo, sin otro afán que el de la autosuficiencia pero en ningún caso volcada en manipulaciones genéticas ni en la alteración del ciclo productivo. En definitiva, una agricultura sana tanto por los productos que ofrece como por el poco daño que infringe al ecosistema en el que se halla instalada. Lo mismo podemos decir de los sistemas ganaderos extensivos que lograron sobrevivir a la crisis de mediados de siglo. Basados en el aprovechamiento integral de los recursos naturales y con razas perfectamente adaptadas a las condiciones del medio, han seguido ofertando alimentos cárnicos y lácteos de una calidad excepcional, altamente valorada por los consumidores.

El gran problema que presentan este tipo de producciones es su ya consabida debilidad, que encarece sustancialmente el precio de los alimentos en los mercados. Este último hándicap, no obstante, es cada día menos consistente toda vez que existe un creciente número de consumidores dispuestos a afrontar tal encarecimiento siempre que ello se traduzca en una mayor calidad. De ahí que las políticas de apoyo a la montaña se hayan volcado en el mantenimiento de este tipo de producciones agrícolas y ganaderas, conscientes de que el sistema diferencial de precios de estos productos de calidad es el único medio de contrarrestar la debilidad productiva tradicional de la montaña.

Transformaciones, en definitiva, todas ellas que han redundado en una sustancial modificación de la imagen que la montaña ha ido conociendo y en la que las piezas fundamentales han sido la valorización de sus producciones y recursos locales, el atractivo paisajístico y con fines recreativos que han inducido en la sociedad urbana contemporánea, el radical cambio experimentado por la red de comunicaciones que ha permeabilizado mucho más estos espacios y la progresiva difusión de éstos a través de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. Pese a ello, parte de sus problemas no han desaparecido; la imagen ha cambiado, sí, pero persisten horizontes pesimistas en ellos provocados por estrangulamientos tan agudos como los que van unidos a la intensa despoblación o a la acusada masculinización y envejecimiento que definen su demografía.